La noticia sobre la expulsión de la casa de apuestas Miapuesta del mercado español no ha sorprendido al sector del juego y apuestas tras los constantes cambios tras los últimos acontecimientos que han surgido con el cambio de gobierno español, lo cual ha derivado en una serie de inconvenientes en la ejecución de la legislación ya aprobada del año pasado. La Administración española, a través de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid, procedía al cese de las actividades de la casa de apuestas Miapuesta tanto en el dominio español (www.miapuesta.es) como en el dominio comercial www.miapuesta.com.

Esta sentencia viene como respuesta a la demanda instada por la multinacional del sector del juego, el Grupo Codere, demanda que se dirigía a varios de los operadores de juegos y casas de apuestas en línea, la cual exigía a la Administración la ejecución de las sanciones que se habían establecido en la nueva legislación para la regulación del juego del año pasado. El Grupo Codere cuenta con una gran reputación en el sector tras demostrar su experiencia con más de 190 salas de juego, apuestas hípicas donde destaca la gerencia de varios hipódromos, así como las actividades de juegos en línea en Italia tras haber sido concedida con la licencia como operador de juegos de azar en dicho país.

El hecho de que el Grupo Codere posea una licencia en Italia ha sido uno de los determinantes para instar la demanda en España, país donde el sector se está viendo últimamente mermado por los retrasos en la ejecución de la nueva legislación. Mediante un notificado, Codere se dirigía a la prensa a través de las palabras del presidente del grupo, José Antonio Martínez Sampedro: “ Codere viene promoviendo el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente en el sector del juego y de las apuestas comerciales. Actualmente han irrumpido en el mercado varios explotadores de juegos y apuestas a través de Internet. Estos servicios resultan disponibles para usuarios situados en territorio de España. Según ha declarado el Gobierno, tanto en la Memoria de la Ley del Juego, como en respuestas recientes a la Comisión de la Unión Europea, tales actividades son ilegales en tanto no sean autorizadas y además se vienen desarrollando sin pagar impuestos, sin garantías para los usuarios y perjudicando a los operadores que actúan en el mercado de España de forma legal".