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El proyecto del macro complejo turístico del juego de Europa parece haber sido uno de los principales motores para que el sector español del juego pueda arrancar con sus críticas no tan dirigidas a la ciudad del juego Eurovegas sino más bien dirigidas a la administración española la cual ha adoptado una postura muy opuesta al desarrollo del mercado español que difícilmente puede alcanzar los objetivos pronosticados para la industria de nuestro país. El mercado temía que el sector de Casinos iba a ser uno de los más afectados con la futura llegada de Eurovegas debido a que el nuevo concepto de hotel-casino introducido por la corporación estadounidense Las Vegas Sands, se vislumbraba como una gran amenaza para los tradicionales establecimientos de juegos ya instalados en nuestro país muy bien arraigados a la cultura del juego en España.
El pequeño y mediano comercio (PyMes), un sector que ve disminuir sus negocios cada día a un ritmo imparable, parece haber sido el objetivo principal del gobierno español al cual aplicar las mayores cargas tributarias posibles en beneficio de las grandes superficies; este debate de las cargas fiscales se reabrió tras la legislación del mercado del juego online en 2012. Esta política económica del gobierno español se ha vuelto a reflejar con Eurovegas tras mostrar a la sociedad la necesidad de atraer inversiones extranjeras a un país devastado por el desempleo. El pequeño y mediano comercio (PyMes) ha querido formar parte de estas nuevas adaptaciones de la ley del juego para el grande del juego, Las Vegas Sands, y así poder exigir, una vez más, las modificaciones necesarias en el código para que el mercado del juego pueda alcanzar los grandes objetivos pronosticados.
Diferentes entidades del mercado como la Asociación Empresarial de Juegos Autorizados (Aseju), la Organización Empresarial Madrileña de Establecimientos de Juego (Omega) y la Asociación Madrileña de Empresarios del Recreativo (Amader), han sido las protagonistas de las nuevas peticiones al gobierno para la mejora de la legislación vigente: "Hemos venido solicitando a la Administración regional, todo ello de cara a modernizar un sector especialmente necesitado y afectado por la crisis para que pueda seguir siendo un factor de crecimiento, empleo y de mejora en la actividad productiva de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta al sector en conjunto y contando con las aportaciones de las diferentes organizaciones empresariales firmantes".
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