Cataluña y País Vasco continúan su cruzada contra las tragaperras online

El mercado del juego en España continúa siendo un completo enigma incluso para aquellos analistas que persiguen con afán descubrir la clave para un mercado que solo parece ofrecer incidencias entre los distintos sectores. El 25 de Julio, el gobierno español introducía una orden ministerial en el BOE para incluir dos de los productos que habían sido descartados durante la redacción de la Ley del Juego 2012. Ésta fue sin duda una de las cuestiones más debatidas durante los primeros meses del sector online del mercado del juego; pero no solo durante el primer año, el sector online del juego en España demostró los problemas operativos para que empresas pudieran entrar en un marco común. La Ley del Juego del 2012 eliminaba por completo apuestas cruzadas y tragaperras online del catálogo regulado de juegos online, dejando claro que el mercado español no se rige por los derechos de libre competencia sino más bien por los derechos de unos pocos como gobierno y entidades monopolizadoras del juego.

Dos años después, el sector online del mercado del juego en España continúa siendo una incógnita debido a que los productos más aclamados han fueron aquellos censurados por el gobierno español. Pero para que el mercado español continúe con su ritmo frenético pero poco productible, el gobierno daba paso al levantamiento de la censura contra estos dos productos de juego. Sin embargo, dos meses después de que las casas de juegos online pudieran comenzar a ofrecer estos dos productos, dos de las comunidades españolas ya se ponían en pie para criticar estas dos mejoras en el sector online. Por supuesto que, detrás de todas estas críticas, se puede atisbar la gran suma de dinero en la que ambas comunidades han basado sus apreciaciones; y por supuesto que una sátira de este calibre solo podría provenir de dos de los protagonistas españoles más conocidas en las parodias políticas del país: el País Vasco y Cataluña.

El País Vasco cree necesario una regulación, más a su medida, y de inmediato, comentaba Aitor Unzalu, director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco: “La regulación es un caldo de cultivo para el incremento de actitudes de juego no responsable, un aumento de la incidencia de la ludopatía. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) hizo caso omiso de todos los comentarios y alegaciones presentadas, no incluyendo absolutamente ninguna modificación de las propuestas”.
Cataluña por su parte, solo sabe mostrar su negativa ante dicha legislación, como bien se entiende en las palabras de Elsa Artadi, directora general de Tributos y Juego de la Generalitat de Catalunya: “El juego online tiene más riesgos que el presencial y, por tanto, debería incluir mayor control; es un escenario inconsistente con el modelo de juego que reclama la sociedad y una situación de desventaja respecto a la variable presencial”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por su parte ha declarado que va a limitar el número de licencias expedidas a aquellos operarios que quieran entrar en el mercado español del juego: “será el propio mercado el que regule el sector y determine las empresas que se mantengan por criterios de rentabilidad”.