Duras críticas a la iniciativa del PP en Castilla La Mancha para el sector de Casinos

La Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) es una de las principales entidades en nuestro país que, desde su creación en 1978, ha sido la máxima figura de este sector de la industria del juego española, habiendo llevado a cabo todo tipo de labores para la mejor representación de este gran mercado. La AECJ representa a un conjunto de 28 centros de juegos que han creado más de 5000 puestos de trabajo para profesionales del sector. Esta situación ha dado cierto carácter y autoridad a la AECJ que, gracias a su excelente labor en los últimos meses con la supervisión de la nueva legislación del juego en el país, una tarea ésta por la que el mercado del juego ha de estar agradecido si evaluamos las nefastas consecuencias de la ley del juego y su repercusión en el mercado español.

El gobierno regional de Castilla – La Mancha ponía sobre la mesa una iniciativa que afectaría la estabilidad del mercado del juego considerablemente mediante la denominada Proposición de Ley del Juego y Apuestas por parte del Grupo Parlamentario Popular por la cual “se podrá autorizar la práctica del juego del bingo, las apuestas, la ruleta americana, el veintiuno o Black Jack, el póquer, la instalación y explotación de máquinas de juego o apuestas y los juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y complementarios” en locales y establecimientos de juegos. La CCAA es una de las pocas regiones en nuestro país que no posee casinos región por lo que, esta apertura a todos los locales de juego podría llegar a suponer una medida que dañaría aún más al mercado español.

La AECJ ha querido recordar a la administración dos aspectos fundamentales de esta inconcebible propuesta; en una primera aproximación, los jugadores volverían a estar expuestos a los peligros de un mercado no regulado debido a que estos locales podrían perfectamente evadir los procesos de supervisión y monitoreo que la Ley del Juego ha especificado en cuanto a la política internacional de prevención de blanqueo de capitales. Por otra parte, la AECJ critica esta iniciativa por traer medidas que crearán un marco favorable a estos locales, a la vez que totalmente contrario a las empresas que han desembolsado grandes sumas de dinero en licencias oficiales.