Península Ibérica, bajo una única ley europea del juego

España parecía ser la protagonista de la península ibérica tras su legislación del juego del 2012 aunque el papel de Portugal en este ámbito tampoco ha podido ignorarse debido a que el gobierno luso también elaboraba su regulación del juego, tarea tan discutida y criticada en su momento que hizo que la administración lusa tuviera que realizar varias modificaciones, al igual que España, la cual ha tenido que redactar una serie de medidas más acordes con la realidad del mercado del juego; sin embargo, España y Portugal no son los principales mercados del juego de la península ibérica. En el más recóndito rincón de la península ibérica, la colonia británica en territorio español, el Peñón de Gibraltar, se alza como el principal elemento del mercado del juego peninsular. Gibraltar representa uno de los paraísos fiscales en el territorio comunitario europeo donde, la tributación posee características especiales concedidas por la administración británica y, en parte por el propio parlamento europeo, concesiones muy discutidas por el resto de países comunitarios que no ven un mercado igualitario europeo.

El primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, comparecía recientemente ante la comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo donde, el euro diputado conservador británico, Ashley Fox, ha querido esclarecer la postura del gobierno de Gibraltar sobre el proyecto de regulación del mercado online de juegos en el Mercado Económico Europeo, un proyecto lanzado por la Cámara Parlamentaria Europea; ésta solo ha sido una estrategia de los conservadores británicos para poner al gobierno del peñón en un compromiso dada la decisión de la Asociación de Apuestas y Juegos de Azar de Gibraltar (GBGA) en interponer acciones legales contra la legislación del juego.

Esta acción ha sido tachada de instigación suscitada, exclusivamente por el partido conservador británico, y desde el mismo corazón de Europa, la Cámara Parlamentaria, debido al carácter propio de entidades gubernamentales de esta índole, las cuales no deben ser usadas para librar batallas internas de los estados miembros. Fabián Picardo sí que supo contestar a la Cámara Parlamentaria Europea, en especial, al diputado británico conservador: "Hemos adoptado una legislación que tiene el espíritu de excluir riesgos para el consumidor y proteger la reputación de las empresas".